El día 9 de noviembre los ciudadanos de Catalunya estamos llamados a una consulta compleja en muchos sentidos. Esta consulta involucra a la sociedad catalana por su significado trascendente sobre la creación de un estado propio e independiente, al tiempo que se impide su oficialización como derecho a decidir.
Independientemente del resultado, votar es democracia y este derecho ciudadano es la verdadera base de la Constitución que parece cada día más secuestrada por los intereses de los grandes partidos políticos (el Tribunal Constitucional es un claro ejemplo). El problema se agrava cuando cualquier referéndum o consulta no se contempla como vinculante en nuestra Constitución. Esta es la postura que denuncia PODEMOS. Los ciudadanos podemos votar en referéndum pero siempre sin garantía. ¿Esto es democracia?
El día 21 de septiembre, el Pleno Municipal de Sant Boi, debatió al igual que en centenares de ayuntamientos, una moción de Convergencia i Unió e Iniciativa per Catalunya a favor de la consulta sobre el futuro de Cataluña del 9 de noviembre, que fue rechazada por los votos en contra del PSC (Partido Socialista Catalán), PP (Partido Popular) y PxC (Plataforma per Catalunya).
CiU presentó la propuesta sobre la consulta del 9 de noviembre, en la cual solicitaba al Ayuntamiento de Sant Boi "la facilitación de todos los recursos humanos y materiales para que se pudiese realizar".
El PSC presentó otra moción alternativa propia que defiende la celebración de una consulta, pero "acordada con el gobierno español y con todas las garantías jurídicas y legales".
Esta última propuesta desestimó a la primera, y se aprobó con los votos en contra del PP y la abstención de Iniciativa per Catalunya, CiU y PxC.
El PSC de Sant Boi ha decidido su propia postura, sin consenso con ninguna otra formación, ante una consulta cada vez más deslegitimada por el gobierno central al que se adhiere, y que está demostrando una actitud lejana a cualquier opción democrática.
Fuente: Ple de l'Ajuntament de Sant Boi. 22.09.14.
Excelente artículo que aclara la postura de nuestro consistorio, incompresible, si hablamos de democracia.
ResponderEliminarMuchas gracias por mostrarnos la realidad política de Sant Boi.
Saludos y SÍ, PODEMOS!
Yolanda
M'ha agradat molt llegir el vostre article, doncs no sabia exactament quina posició defenia el nostre Ajuntament. Es la primera vegada que estic veient un veritable moviment per part dels ciutadans, que volen entrar en la política directament demostrant neutralitat o com a mínim, fent les coses d'una altre manera.
ResponderEliminarEncara que jo soc dels que volem independència, la primera passa democràtica es que ens deixin decidir doncs ja tenim la suficient maduresa per saber el que volem. Els polítics actuals ens tracten com a nens amb paternalisme i això ja s'acaba.
PODEM!
X. Dalmau.
Ya va siendo hora de ir destapando y hablar claro y alto, sin miedo. Nos mienten nos roban y nos manipulan a su antojo. Aire limpiio y fresco es lo que necesitamos en Sant Boi y sacar a todos los enchufaos del ayuntamiento. Lo que esta claro es que no me negaran mi derecho a decidir.
ResponderEliminarGracias por el articulo los santboianos tenemos todo el derecho a estas informaciones y todo lo que se cuece en nuestro ayuntamiento.
Saludos
Hablemos de inconstitucionalidad.....
ResponderEliminarBuscando por la tan defendida constitucion encuentro esto:
Artículo 40
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
Y de este ya me parto.......
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.